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Piden a Estados Unidos designar nuevo TPS para centroamericanos

El anuncio del pasado fin de semana, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dio luz verde para la inscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 100.000 haitianos –incluidos los 50.000 a quienes se les había sido cancelado el beneficio-,  ha renovado las esperanzas en inmigrantes centroamericanos que ven la oportunidad de conseguir nuevas designaciones para sus países castigados por desastres naturales y otros males.

Comunidades organizadas de inmigrantes de Guatemala han tomado acción proactiva, conocedores de las gestiones y negociaciones de su gobierno en el renovado acercamiento diplomático entre el país centroamericano y Estados Unidos.

La vicepresidenta Kamala Harris visitará Guatemala el 7 de junio para continuar con las gestiones de cara al desarrollo del plan regional de recuperación del Triángulo Norte de Centroamérica, que supondría una dotación de 4.000 millones de dólares para los próximos cuatro años con el objetivo específico de frenar la migración irregular.

Sin que haya menor indicio por parte de la administración del presidente Joe Biden de proceder a designar a Guatemala como beneficio del TPS, pero conocedores de las peticiones y declaraciones dadas por el canciller Pedro Brolo, que dijo después del primer encuentro virtual entre el presidente Alejandro Giammattei y la vicepresidenta Harris, que “el tema de TPS está siempre sobre la mesa”.

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Carlos Lam, líder comunitario guatemalteco en Washington, dijo a la Voz de América que “estamos haciendo lobby para presionar sobre el tema”, en referencia a las gestiones de la cancillería de su país, y de ahí que este viernes 28 de mayo realizarán el ‘Foro TPS Guatemala’, donde conectarán con oficiales del país centroamericano como la diputada Ligia Hernández, secretaria de la Comisión del Migrante, y el excanciller Edgar Gutiérrez con líderes comunitarios en ambos países.

¿Una posibilidad que asusta a la Administración Biden?

El alto número de inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador que residen en Estados Unidos de manera irregular -que se calcula podría rondar los 1,3 millones- explicaría la lentitud de la Administración Biden para hacer un anuncio, explican a la VOA los expertos Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, en Chicago, y Abel Núñez, director del Centro de  Recursos para Centroamericanos, CARECEN, DC.

Chacón dice que aunque la administración trabaja más lento de lo que las organizaciones proinmigrantes y sus grupos de apoyo desearían, sí saben que siguen abiertos los procesos de consideración para países centroamericanos, los que están a criterio del secretario de DHS, Alejandro Mayorkas.

Sin embargo, Abel Núñez, de CARECEN, en Washington, cree que tanto el número de inmigrantes que podrían aplicar de los países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo volumen podría superar –según estimaciones de las organizaciones- los 1,3 millones, más las relaciones diplomáticas dispares entre los países de la región con Estados Unidos complican aún más la decisión.

A eso Núñez le suma el cálculo político que hace la Administración Biden que ya tiene la vista puesta en las elecciones de medio término en noviembre de 2022, donde se renovarán los 435 escaños de la Cámara Baja y 34 escaños de los 100 del Senado federales.

La administración estaría considerando el efecto mediático y cómo sería tomado por la oposición republicana una medida de tales dimensiones “dirían que es una amnistía y que esos países nunca saldrán de su situación como han dicho con los TPS de 1999 para Honduras y Nicaragua y 2001 para El Salvador”, agrega Núñez.

Hasta ahora los países centroamericanos representan el mayor número de beneficiarios del TPS del total de países que cuentan con esta protección, cuando llegó la cancelación del estatus legal por parte de la administración de Donald Trump, a seis países beneficiarios entre finales de 2017 y principios de 2018, El Salvador rondaba los 200.000 beneficiarios, Honduras 60.000 y Nicaragua unos 4.000, el resto de países a excepción de Haití, 50.000, Mongolia y Sudán registraban números ínfimos.

Para Oscar Chacón poner el tema de los números altos como factor en contra de otorgar nuevas designaciones a países especialmente afectados por los poderosos huracanes del año pasado en Centroamérica, es parte de una narrativa que se ha construido en base a que la inmigración es un problema para Estados Unidos. Y dedicada a los latinoamericanos.

No obstante, todos los datos que arrojan estudios confiables sobre el fenómeno migratorio indican todo lo contrario. La primera potencia del mundo se ha beneficiado en gran medida con la fuerza productiva, el crecimiento demográfico, y el robustecimiento económico que han generado los inmigrantes.

“El tema de los números es preocupante por la lamentable predominancia que sigue teniendo un discurso anti-latinoamericano que ha venido presentando a la comunidad inmigrantes como si fuéramos algo malo para la nación, cuando la migración todita ha sido extremadamente beneficiosa para Estados Unidos”, explica Chacón.

Dice que sino fuera por los inmigrantes, las noticias del Buró del Censo de Población, realizado el 2020, sobre el crecimiento demográfico de la última década hubieran sido peores noticias, pues la fuerza de los inmigrantes mantuvo al país en índices de crecimiento positivo, tanto de población como de expansión económica.

Agrega Chacón que no se debe asumir que los números mismos representan una desventaja, pues la misma Administración Biden impulsó desde los primeros días de su mandato una iniciativa para regularizar las situación de 11 millones de indocumentados con camino a la residencia permanente, por lo que ofrecer un estatus temporal a 1,2 millones de centroamericanos es muy inferior a ese número total, y a todas luces alcanzable. 

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